La discriminación y su respuesta desde la perspectiva de la jurisdicción constitucional latinoamericana: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Todos y todas conocemos aquí qué es el índice o coeficiente de Gini y su desempeño relativamente pobre en los países de nuestra región, incluido el mío (0,492 en 2024).Esa cifra abstracta tiene repercusiones más que reales en los grupos de siempre, en el efectivo disfrute, ejercicio y reconocimiento de sus derechos fundamentales. En el informe del relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier de Schutter explica que los recortes en programas sociales alrededor del mundo han generado descontento, el cual –paradójicamente– está siendo aprovechado por tendencias de extrema derecha. Urge recordar la protección social como derecho humano, bien público de impacto positivo para toda la sociedad. En todas partes –como lo atestiguamos aquí, en los distintos paneles–, la justicia constitucional es válvula de escape en nuestros ordenamientos, contrapeso de las fuerzas imperantes en ciertos órdenes (internos y externos), muchas veces violentas e intransigentes. Frente a ellas, nuestros tribunales tienen el deber de ser una luz de esperanza, de igualdad y, por ende, de justicia. También importa recalcar, cuando se habla de la igualdad, su unión inquebrantable con la noción de dignidad humana. El reconocimiento de esa dignidad de base nos obliga a tratarnos con igualdad. Ahora bien, sobre el papel de la justicia constitucional como potenciadora del principio de igualdad, su rol puede analizarse desde muchos puntos de vista. Se partirá aquí de ese carácter tridimensional de la igualdad, que se sugiere en la nota conceptual de este escrito. De acuerdo con la experiencia de la jurisdicción constitucional costarricense, se sintetizaría como se presenta en este texto.