La atención del fenómeno migratorio en Colombia:entre los avances de la jurisprudencia constitucional en la protección de los derechos y los desafíos del Estado para consolidar un sistema de garantías sostenible

La movilidad humana ha marcado de manera decisiva la realidad social, política La movilidad humana ha marcado de manera decisiva la realidad social, política y jurídica de América Latina y el mundo en las últimas dos décadas. La llegada masiva de personas migrantes, junto con otros fenómenos emergentes, como el desplazamiento climático, la migración en tránsito o la migración inversa, han puesto a prueba la capacidad institucional de los Estados latinoamericanos para brindar respuestas que realmente materialicen el principio de dignidad humana y el reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos, pero que a la vez sean sostenibles para los Estados receptores. El alto flujo de migrantes de Venezuela hacia el resto de América Latina ilustra muy bien esta situación. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), alrededor de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección o de una mejor calidad de vida hacia estos países, que han tenido el reto de acoger a más del 84% de migrantes.La magnitud de este movimiento poblacional ha impactado considerablemente a Colombia, pues se trata del principal país de acogida de personas venezolanas migrantes, con más de 2,8 millones entre 2018 y 2024.2 Estas personas en movilidad humana han requerido (i) ayudas humanitarias para atender en un primer momento las condiciones de extrema vulnerabilidad; (ii) atención en salud, educación y vivienda, para superar su situación de marginalidad y exclusión; y (iii) un mayor despliegue de recursos humanos y técnicos en el proceso de regularización migratoria como punto de partida para su inclusión social y económica. Para junio de 2024, el Estado colombiano había logrado regularizar a 1,9 millones de migrantes (un poco más del 60% de la población migrante), a través de permisos de protección temporal (PPT), los cuales les permiten vivir, trabajar de forma regular y acceder a servicios de salud y educación, entre otros. No obstante, la población migrante sigue enfrentando múltiples carencias y barreras de acceso a las condiciones básicas que les permiten ejercer sus derechos libremente. Igualmente, Colombia enfrenta desafíos como país receptor de migrantes que van en tránsito hacia el norte o que recientemente (desde 2024) retornan ahora en el flujo sur-norte a través de la región del Darién. En este contexto, la Corte Constitucional colombiana –guardiana de la supremacía de la Constitución– ha desempeñado un papel central en la redefinición de la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes y sus alcances, especialmente para quienes llegaron o permanecen en el país en condiciones de irregularidad y están expuestos a escenarios más complejos de discriminación, exclusión y marginalidad. El objetivo de esta ponencia es presentar los avances de la jurisprudencia constitucional en la ampliación del marco de protección de los derechos fundamentales de la población migrante y la forma en que la Corte Constitucional colombiana ha influido en la reformulación de la política pública migratoria. Como expondré a continuación, en sus fallos, la Corte no solo ha ordenado el restablecimiento de los derechos vulnerados en los casos concretos, sino que también ha identificado omisiones del legislador y ha exhortado al Congreso a regular las condiciones de los migrantes a la luz de la Constitución Política, lo cual ha conducido paulatinamente hacia una mayor constitucionalización de la política de acogimiento. Expondré entonces, en primer lugar, los aportes de la jurisprudencia constitucional colombiana en la protección de, al menos, tres derechos fundamentales: i) el derecho a la salud de personas migrantes, especialmente, el de niños, niñas y adolescentes, ii) el derecho a la nacionalidad de estos últimos, cuando están enriesgo de ser apátridas; y iii) el debido proceso administrativo en diversos trámites migratorios y de solicitudes de asilo. Al explicar los desarrollos jurisprudenciales, en cada uno de estos puntos, me referiré también a los vacíos encontrados por la Corte y los remedios constitucionales adoptados por este tribunal para redirigir el marco legal de las migraciones hacia un escenario de protección progresiva. En segundo lugar, brevemente, presentaré los avances jurisprudenciales sobre uno de los fenó menos de movilidad humana más recientes: el desplazamiento forzado interno por factores ambientales, incluido el cambio ambiental. Finalmente, plantearé, a modo de conclusión, una corta reflexión sobre los desafíos que aún enfrenta el Estado co lombiano para consolidar una política pública de inclusión económica y social, que refleje un sistema integral de garantías sostenibles para las poblaciones migrantes y que no dependa de la presentación masiva de acciones de tutela.