Interacciones y tensiones entre el derecho constitucional y el derecho privado en América Latina: la experiencia dominicana

Parecería que el derecho privado es un asunto exclusivo de los particulares, en el que el Estado solo ha de intervenir para establecer las reglas que han de regular las relaciones jurídicas de aquellos y las vías jurisdiccionales para la solución de sus conflictos. Se podría aducir, incluso, que esa intervención debería ser cada vez más reducida, al punto de favorecer la extensión de la delegación, en los particulares, del monopolio de la función jurisdiccional del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el arbitraje privado. Sin embargo, parece que sucede lo contrario, pues ese ámbito de exclusividad es cada vez más estrecho frente a la necesidad de preservar la supremacía constitucional y, con esta, el orden constitucional que ella establece y la protección de los derechos fundamentales que ella reconoce, lo que no puede ser ignorado por los particulares en sus acuerdos ni en la solución de sus controversias. Es en este contexto donde –creo– han de ser analizadas la interacción y las tensiones entre el derecho constitucional y el derecho privado, pues han de tener como telón de fondo la preservación de ese orden y la protección de esos derechos. Esa visión del asunto es la que domina el enfoque de esta breve exposición. La cuestión relevante que he de plantearme en torno al tema consiste en determinar si los derechos fundamentales solo están dirigidos contra el Estado o si, en cambio, estas prerrogativas pueden hacerse valer, también, en el ámbito privado, frente, por tanto, a cualquier persona. Para ello es necesario hacer un brevísimo análisis general del asunto a partir de sus premisas (1), para luego dar un vistazo a su tratamiento en el derecho constitucional dominicano (2)